El Secretario General de UGT-Melilla, Alonso Díaz, ha manifestado que más del 50% de las políticas redistributivas a favor de la igualdad están vinculadas al sistema de pensiones contributivo de nuestro país, de tal modo que un golpe a este sistema, un golpe a los pensionistas es un duro golpe a la igualdad y es una estrategia para profundizar en el empobrecimiento y la desigualdad, algo que hay que evitar con todas nuestras fuerzas.

Díaz ha rechazado la reforma de las pensiones planteada por el Gobierno porque es innecesaria, injusta y afectará no solo a los pensionistas futuros sino también a los presentes, y ha resaltado el Acuerdo sobre pensiones alcanzado en 2011 que apenas tienen10 meses en vigor, y que ya da respuesta al envejecimiento demográfico.

Para el Secretario General de UGT-Melilla la reforma que quiere aplicar el Gobierno en 2014 responde a un modelo de salida de la crisis coincidente con el que aplica la Comisión Europea y que está ahondado en la fractura que hay en la eurozona entre los países del Sur y del Centro y Norte de Europa. En este sentido, ha destacado que en los últimos 20 años ha cambiado el capitalismo, pasando de ser industrial vinculado a la economía productiva, a un capitalismo financiero, vinculado a la especulación. “Así el capitalismo ya no es un modo de producción sino un modo de poder y este modo de poder, en el siglo XXI, no quiere contrapoderes organizados en el ámbito de la política, ni en el ámbito sociolaboral. Por eso, gran parte de lo está aconteciendo en las organizaciones sindicales tiene que ver con esa idea de debilitar cualquier contrapoder frente a ese capitalismo”.

Díaz ha manifestado que “en España se está imponiendo un modelo de salida de la crisis que se puede definir como un modelo de devaluación, reducción y exclusión estructural o permanente” y para ello se utiliza el procedimiento de corte autoritario porque lo que ha proliferado ha sido la fórmula del Real Decreto Ley. Es un planteamiento por el cual se pretende aprovechar la crisis para establecer la reducción de salarios, la reducción de derechos, el debilitamiento de servicios públicos y su privatización y la exclusión social (la educativa, la sanitaria, en la Justicia).