Su decisión podría saltarse la normativa internacional y vulnerar los derechos humanos
El Gobierno, al tratar de amparar legalmente las “devoluciones en caliente”, reconoce que ha actuado de manera irregular
Melilla, 24 de octubre de 2014.
La Unión General de Trabajadores considera que el anuncio del Gobierno de modificar la Ley de Extranjería para dar amparo legal a las “devoluciones en caliente” supone, en primer lugar, reconocer que hasta ahora se ha actuado de manera irregular y, en segundo término, la confirmación de que el Gobierno parece estar dispuesto a ignorar sus obligaciones internacionales en materia de protección internacional, trata y tráfico de seres humanos y menores de edad, vulnerando de esta forma derechos fundamentales y convirtiendo en legal una actuación irregular que criminaliza a quienes tratan de entrar irregularmente en nuestro país.
El anuncio del Gobierno de modificar la Ley de Extranjería para dar amparo a las conocidas como “devoluciones en caliente” implica, para UGT, no solo el reconocimiento de que hasta ahora se ha estado actuando de manera irregular, sino la confirmación de que el Gobierno español parece estar dispuesto a ignorar sus obligaciones internacionales.
Los aspectos que se pretenden reformar, unidos al contenido del borrador de Protocolo de actuación integral en los perímetros fronterizos de Ceuta y Melilla, contienen aspectos de difícil comprensión; si no se entra en territorio español hasta superar la última valla, la consecuencia necesaria sería que el espacio que media entre la primera y la última de las vallas en estas Ciudades Autónomas no son territorio español, con el efecto que esto podría tener, incluso para la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en este espacio.
Por otra parte, tanto el convenio de readmisión con Marruecos como el cumplimiento de la normativa internacional en materia de protección internacional, trata y tráfico de seres humanos y menores de edad, exigen la previa identificación y atención de las personas; con las actuaciones que el Gobierno español pretende revestir de legalidad, se estarían vulnerando derechos fundamentales.
Nuevamente el Ejecutivo de nuestro país, en lugar de plantear ante la Unión Europea una política corresponsable en materia de control de fronteras exteriores, garantizando siempre los derechos fundamentales, ha optado por la vía fácil, tratando de convertir en legal una actuación irregular con argumentos que, por otra parte, criminalizan a quienes tratan de entrar irregularmente en el país.