Todos los trabajadores nos sentimos amenazados

El secretario general de UGT-Melilla Alonso Diaz, ha manifestado esta mañana con motivo de la Jornada de Acción Mundial en defensa de las libertades y del derecho de huelga, que el Gobierno de Rajoy sigue atacando a las libertades y que lejos de derogar el artículo 315.3 del Código Penal que contempla penas de hasta seis años de cárcel, tal y como se había comprometido el exministro Gallardón, ahora resulta  que quiere dar marcha atrás y mantenerlo.

Diaz ha explicado que este artículo del Código Penal tiene su origen en el artículo 496 del anterior de la etapa franquista que funcionó hasta 1976 justo en medio de la transición política en la que inicialmente  se buscó la intimidación  de las organizaciones  sindicales que aún no había sido legalizadas, así como de los trabajadores más activamente comprometidos con ellas y especialmente reivindicativos.

Si bien es cierto que nada ha cambiado en este precepto, también hay que decir que en los últimos 35 años  ningún gobierno había hecho uso de este artículo, hasta la llegada al poder de Mariano Rajoy y su mayoría absoluta. Para el secretario general con la puesta en marcha de la reforma laboral han optado por criminalizar a los piquetes informativos que no son más que instrumentos de difusión y publicidad de la huelga, Diaz ha recordado que los piquetes  están avalados y reconocidos  constitucionalmente  por el propio  tribunal constitucional y ha declarado que tiene funciones de propaganda o persuasión para que los trabajadores se sumen a las huelgas o de disuasión para los que hayan optado por continuar trabajando y forma parte del contenido esencial del derecho de huelga.

UGT denuncia que bajo el paraguas actual del gobierno,  se ha iniciado una guerra sin cuartel contra los trabajadores  y representantes sindicales, 300 trabajadores representantes legales, afiliados a los sindicatos, simpatizantes y personas comprometidas están siendo procesados por haber ejercido su derecho fundamental, el derecho de huelga y se enfrentan a más de 125 años de cárcel que les solicitan.

Alonso Diaz  ha rechazado la conducta del gobierno  y ha manifestado que en una democracia  ni los representantes sindicales, ni los trabajadores, ni los simpatizantes, ni los afiliados, ni a nadie se le mete en la cárcel  por ejercer el derecho de huelga.

Diaz ha denunciado que no solo hay 300 trabajadores acusados, sino que nos encontramos  todos amenazados, es la clase trabajadora en su conjunto la que está amenazada, dado que el derecho de huelga es un derecho constitucional. Hoy el derecho de reunión, de manifestación están en peligro, criminalizarlo supone convertir el conflicto social y laboral en un conflicto de orden público.

Por último ha exigido al Gobierno del PP la derogación del apartado tercero del artículo 315 del Código Penal, la retirada del Proyecto de reforma del Código Penal y  la modificación del proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana