En estos días las ciudades de Ceuta y, en menor medida, Melilla, están sumidas en una crisis migratoria de proporciones desconocidas. Miles de personas, aparentemente de origen marroquí, han traspasado la frontera española de las ciudades de referencia, superando los controles establecidos y creando una situación de inseguridad y confusión en los territorios referidos que ven sobrepasados todos sus recursos. El fenómeno migratorio requiere soluciones adecuadas y de justicia social a uno y otro lado de las fronteras.

Las personas que se juegan su existencia por alcanzar una vida mejor, requiere que se respeten sus derechos y sean tratadas de conformidad a la normativa internacional y de derechos humanos. Sin embargo, es inadmisible la utilización de los flujos migratorios, de las personas, como un arma política y de presión con el fin de alcanzar ventajas en el tablero político o de castigar conductas que desagradan la posición de gobiernos autoritarios.
Por ello, desde este Congreso Confederal exigimos el respeto de las personas migrantes, y el cese inmediato en la utilización de las mismas como un instrumento político de presión a España y la Unión Europea para la consecución de objetivos que nada tienen que ver con la realidad social que sufren los seres humanos que se ven obligados a desplazarse a otros países para intentar conseguir unas condiciones dignas de vida de las cuales se ven privados en sus naciones de origen.