UGT-Melilla, a través de su Unión de Jubilados y Pensionistas (UPJP), ha iniciado  una campaña entre sus afiliado pensionistas para que puedan reclamar el poder adquisitivo que han perdido, tras la aprobación por parte del Gobierno del Real Decreto Ley 28/2012, de 30 de noviembre, y para exigir, al mismo tiempo, el cumplimento de la Ley General de Seguridad Social. Así lo ha manifestado hoy el Secretario General de UGT-Melilla Alonso Díaz.

Diaz ha dicho que “la pérdida de poder adquisitivo de las pensiones, lleva a los pensionistas a una situación sumamente complicada y difícil y nos da de lleno”. Ya hay más de 6 millones de pensionistas por debajo del umbral de la pobreza, con dificultades para pagar la calefacción o comprar productos básicos, y muchas familias sacan a los ancianos de las residencias para poder subsistir con sus pensiones. Por ellos se van a presentar reclamaciones en la delegación del Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS). Reclamaciones individuales que serán entregadas colectivamente. Las reclamaciones de los pensionistas que trabajaron en la Administración Pública (clases pasivas) se presentarán ante las delegaciones del Ministerio de Hacienda.

El Secretario General de UGT-Melilla Alonso Díaz, ha expresado que esta iniciativa  “es justa y legítima y debe ser satisfecha, porque la decisión del Gobierno de no actualizar las pensiones, a nuestro juicio, es inconstitucional, pues se está aplicando un principio inconstitucional que es el de retroactividad de las leyes”.

Díaz ha confiado en que el INSS dé una respuesta justa y adecuada a esta reclamación, pero, si no fuera así, habría que ir a una segunda fase que es la de recurrir en primera instancia a los tribunales de lo social.

Esta medida afecta, en primer término, a los pensionistas que perderán como promedio 449,35 euros, pero también perjudica a nuestra economía. Con esta medida se retiran 3.640 millones de euros del consumo (consumo directo y vital para los pensionistas y muchas familias), al caer el consumo, cae la actividad económica, al caer la actividad económica cae el empleo y al caer el empleo caen los afiliados a la Seguridad Social. Por tanto, el problema no es del gasto en pensiones, cifra que ha salido hoy, sino de políticas de recorte que se están aplicando y que están perjudicando el relanzamiento de la actividad económica.

Por último Díaz, ha acusado al Gobierno de engañar a los pensionistas hasta el último minuto y ha informado que su sindicato a nivel nacional ha apelado a la Defensora del Pueblo para que cumpla con su deber y presente recurso de inconstitucionalidad contra el RD Ley del Gobierno.