Los pensionistas pueden llegar a perder entre un 20 y un 28% en 10-15 años.

El Secretario General de UGT-Melilla ha manifestado que el Gobierno ha optado por imponer una reforma que empobrece a los pensionistas obviando el actual acuerdo de pensiones, que en enero cumplirá un año de vigencia, que sí que fue consensuado por el anterior Gobierno y los interlocutores sociales.

Una Ley injusta e innecesaria que nace sin apoyo social, sin diálogo social previo y sin el respaldo del Pacto de Toledo con la que el Ejecutivo del Partido Popular rinde pleitesía a las exigencias de la troika con la excusa de garantizar la sostenibilidad del sistema y lo debilita con la clara intención de abrir de par en par, las puertas hacia su privatización.

Díaz subraya que existen alternativas más justas y coherentes que permitirían que nuestro sistema de pensiones fuese más solvente y viable sin que ello supusiera una reducción de los derechos sociales de trabajadores y pensionistas.

Al contrario de lo que persigue esta Ley, orientada exclusivamente a la reducción del gasto del sistema de Seguridad Social, el sindicato apuesta por introducir medidas encaminadas al incremento de los ingresos- que se han visto mermados por la pérdida de empleo como consecuencia entre otras razones de la reforma laboral y la política de recortes que practica este Gobierno- y para ello sería necesario desarrollar, de forma urgente, políticas de estímulo a la actividad económica y la creación de empleo.

El dirigente de UGT-Melilla destaca que la enmienda introducida por el Senado que modifica el techo o límite máximo en la aplicación del Índice de Revalorización, -que pasa de ser el IPC más el 0,25% al IPC más el 0,50% -, es insuficiente y que con la enmienda que obliga al Gobierno a elaborar cada cinco años un informe sobre los efectos del factor sostenibilidad y el nuevo índice de revalorización se está asumiendo implícitamente, que está Ley atenta contra el principio de suficiencia de las pensiones protegido por la Constitución Española.

El resto de las escasas enmiendas introducidas durante la tramitación parlamentaria del Proyecto de Ley son irrelevantes.