El Secretario General de UGT-Melilla Francisco Diaz considera que la regulación que ha aprobado el Gobierno sobre el bono social no garantiza el acceso a un suministro básico de electricidad de forma igualitaria para todas las rentas, y menos para los hogares que más lo necesitan. Y no resuelve las situaciones que se están produciendo por el incremento del recibo de la luz. El sindicato exige una reforma en profundidad del mercado eléctrico, revisar los conceptos fijos de las tarifas eléctricas y reducir la fiscalidad de este suministro básico aplicando el IVA súper reducido.

La Unión General de Trabajadores de Melilla de considera que el bono social, cuya orden aprobada ayer desarrolla el Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, no es la respuesta adecuada para proteger a las personas más vulnerables ni para garantizar el acceso al suministro básico de electricidad en condiciones de igualdad para todas las rentas. Y es claramente insuficiente para evitar los cortes de suministro en casos de pobreza extrema.

Los datos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística vuelven a confirmar el indicador de precios adelantado, con un incremento de la tasa mensual de 0,2%, nueve décimas por encima del mes de julio, de modo que la tasa anual se sitúa en el 1,6%, lo que supone una décima más que en el mes de julio y 1,7 puntos por encima de la tasa anual de agosto de 2016, que fue de -0,1%. La variación acumulada en el año es -0,5%, la misma que se reflejaba en agosto de 2016.

La tasa anual de inflación subyacente, es decir, sin alimentos no elaborados i productos energéticos, disminuye dos décimas respecto al mes de julio, situándose en agosto en el 1,2%. De esta manera, se vuelve a ampliar la diferencia respecto a la tasa general, tanto por la bajada de la subyacente como por la subida de la general.

UGT EXIGE AL GOBIERNO QUE CUMPLA CON LO QUE MARCA LA LEY Y AUMENTE LAS PENSIONES DE VIUDEDAD .

UGT exige al Gobierno que cumpla la ley y aumente las pensiones de viudedad, recuperando la disposición adicional trigésima de la Ley 27/2011 de 1 de agosto, por la que la base reguladora de la pensión de viudedad pasaba del 52% al 60%, para mayores de 65 años y que no perciban otra pensión pública. Una norma que el Gobierno ha suspendido "reiteradamente" y que debe aplicar de “forma progresiva y homogénea en un plazo de ocho años, a partir del 1 de enero de 2012", tal y como establece la norma.

​El Gobierno sigue apostando por las mismas políticas pese al crecimiento económico.

El Gobierno sigue apostando por las mismas políticas para 2018 y mantiene la política de ajustes para cumplir los objetivos de déficit y deuda en las rentas salariales y en la protección social. El ejecutivo, una vez más, descarta entre sus objetivos aumentar los ingresos, pese a que estamos en una etapa de recuperación económica e incluso se plantea reducirlos, a través del IRPF, para lograr apoyos parlamentarios. Para UGT, se realiza una planificación errónea de la economía que tendrá consecuencias muy negativas para la población.